La creciente popularidad de estos acuerdos se debe a su eficacia, ya que previenen la litigiosidad y evitan la necesidad de recurrir a terceros, como jueces, árbitros o mediadores, para resolver disputas.

Además, permiten una solución preventiva de conflictos familiares y tienen diversas funciones. Pueden abordar una amplia gama de cuestiones relacionadas con la vida de la pareja y la familia, como el estatus de los hijos, el patrimonio familiar, los alimentos, la distribución de bienes en caso de separación, la gestión de pensiones compensatorias e incluso aspectos no patrimoniales, como los valores educativos de los hijos.

En todo caso, el Tribunal Supremo ha determinado que los acuerdos prematrimoniales no pueden contravenir el principio de igualdad entre los cónyuges, tal como se establece en el artículo 14 de la Constitución Española y en el artículo 66 del Código Civil. Además, no deben infringir el derecho a la dignidad (artículo 10 CE) ni la libertad personal (artículos 17 y 19 CE). Estos acuerdos deben estar alineados con la protección integral de los hijos en asuntos familiares, conforme al artículo 39 de la Constitución Española, y deben respetar especialmente el interés superior del menor, que prevalece sobre la voluntad de los progenitores y constituye el principio rector en las decisiones relacionadas con el Derecho de Familia.